Familiares de víctimas del franquismo reactivan demandas en busca de justicia

Reseña del artículo de Armando G. Tejeda /I publicado en La Jornada de México el 30 de julio de 2007.

Juan Pérez Silva mantiene la esperanza de encontrar los restos de su madre fusilada
Piden al juez Garzón investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura

Madrid, 29 de julio. Juan Pérez Silva tenía 15 de meses de edad cuando vio por última vez a su madre, conocida en Cádiz como “La Libertaria de Casas Viejas” y fusilada por un pelotón franquista el 18 de agosto de 1936, no obstante que en ese momento esperaba a otro hijo.

A sus 73 años, este gaditano lleva a cuestas la trágica historia de su familia como un reflejo de lo que implicó para centenares de miles de personas la Guerra Civil española (1936-1939): perdió a 26 familiares —incluido su padre— de cuyos restos mortales sólo sabe que podrían estar dispersos en alguna de las miles de fosas comunes que hay en todo el país.

Pérez Silva dice en entrevista con La Jornada que aún no pierde la “esperanza” de despejar algún día las numerosas incógnitas que prevalecen sobre la historia de su madre.

Con ese objetivo, él y otros 55 familiares de víctimas de la represión de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) interpusieron el pasado 17 de julio una querella ante el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, del magistrado Baltasar Garzón, para que investiguen los hechos y aplique la doctrina de la justicia universal, que determina que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

La vieja y trágica disputa de las “dos Españas”, aquella que preconizó Antonio Machado en sus versos del exilio, parece resurgir en pleno siglo XXI, a casi 32 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Las reivindicaciones de Pérez Silva y de las asociaciones de las víctimas del franquismo, que reclaman también una Ley de la Memoria Histórica, contrastan con la ofensiva de los sectores afines al llamado Alzamiento Nacional, como la Iglesia católica y los partidos de derecha, que enarbolan su propia “verdad” sobre el pasado, sostienen que “el caudillo” salvó a “España de ser una colonia de esclavos del comunismo” y buscan la beatificación de 498 “mártires” de la contienda civil, supuestamente asesinados a manos de las huestes republicanas.

Pérez Silva ha vivido siempre en San José del Valle, un pequeño pueblo de la costa gaditana, a sólo 33 kilómetros de Jerez de la Frontera. “Yo tenía unos 15 meses cuando me separaron de mi madre; por eso estos días son muy difíciles para mí, pues la última vez que la vi fue el 23 de julio de 1936. Yo había estado con ella tres días en la cárcel, pero lo último que hizo por mí fue pedir a mi tía que me cuidara. Ya no supe nada más de ella”.

Con el tiempo Pérez Silva supo que su madre había sido fusilada el 18 de agosto de 1936, sólo un mes después de la sublevación del ejército frente al gobierno legítimo de la II República, y que en el parte de defunción aparecía un escueto “muerta por arma de guerra”. No había más detalles sobre la ejecución ni sobre el paradero de su cadáver.

“Los mexicanos supieron comprender el dolor de los españoles. Cuando recuerdo esto se me saltan las lágrimas. Por eso espero mucho de la justicia, aunque veo que va lento. Sólo quiero saber el lugar donde se encuentra, si está en una fosa común, si está en la carretera o en la esquina de algún cortijo. Hay un mes que me falta sobre su vida y no sé si ha estado en un campo de concentración, en una cárcel o en un calabozo”, explicó Pérez Silva con la voz entrecortada.

La tensa transición a la democracia española obligó a los grupos políticos y a los agentes sociales a respetar un pacto tácito en el que se comprometieron a no “abrir viejas heridas” y a guardar silencio sobre los destrozos y excesos cometidos durante la Guerra Civil y los 40 años de dictadura franquista.
Sin embargo, una vez consolidada la democracia bajo el régimen de monarquía parlamentaria, poco a poco creció el clamor de los “vencidos” por “dignificar” su nombre y el de sus familiares.
Así nacieron asociaciones y organizaciones de víctimas y familiares de la represión, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, desde la cual nació un movimiento para exigir la exhumación de unos 40 mil cadáveres —todos ellos ejecutados durante los años de la contienda— que daría paso a una sepultura digna.

Los reclamos provienen tanto del ámbito urbano como del rural, donde el riesgo era mayor. Pero otra de las demandas clave en este proceso es también la anulación de los llamado “juicios sumarísimos” de aquella época, la ampliación del estudio de la historia de la Guerra Civil en los planes escolares básicos, la protección social y la indemnización de quienes padecieron los efectos del conflicto.

Leer en jornada.unam.mx